cedd1Nuevo estudio sobre respuestas estatales ante el consumo de drogas

El estudio brinda información sobre el total de personas encarceladas por consumo de drogas en 8 países latinoamericanos.

 El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publicó un trabajo denominado “En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina” que, entre las principales conclusiones, señala que en los países estudiados “los usuarios de drogas de uso ilícito son perseguidos penalmente, a pesar de que el consumo no es un delito”. En esta investigación se evalúan las respuestas estatales ante el consumo de drogas en 8 países en América Latina: Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Bolivia. En el capítulo argentino participaron Alejandro Corda, Araceli Galante y Diana Rossi, integrantes de Intercambios.

“En Argentina, Ecuador, México, y Bolivia el acto de consumir drogas no es un delito”, señala el trabajo.  Sin embargo, según el estudio de Argentina, “en una muestra del año 2011, alrededor de 73-74 por ciento de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires eran por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal”.

Profundizando el escenario local, los autores pertenecientes a Intercambios expusieron que a lo largo del tiempo  las políticas en torno a las drogas de uso ilícito en el país “han resultado el producto de una matriz prohibicionista-abstencionista, que colocó a los usuarios de esas sustancias en la paradojal condición de  delincuentes-enfermos”. También indicaron que esa matriz se conformó a lo largo del siglo XX “a partir de la superposición de distintos discursos hegemónicos (higienismo, defensa social, seguridad nacional, seguridad ciudadana) que habrían terminado de consolidar las respuestas estatales hacia los usuarios de drogas de uso ilícito a principios de la década del ‘90”. Así, se puede apreciar que la principal respuesta estatal desplegada fue la penal.

El estudio evidenció que los gobiernos priorizan el control de la oferta de drogas ilícitas por encima del consumo (demanda). Ello repercute negativamente en la capacidad de dar respuestas sociales y de salud adecuadas ante el consumo y contribuye a la vulneración de los derechos de salud de los usuarios. Otro dato es que al priorizar el sistema penal sobre el de salud, los Estados abdicaron su responsabilidad frente a los usuarios que requieren tratamiento, dejando que sea el sector privado el principal proveedor de los servicios de rehabilitación y tratamiento.

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) reúne investigadores de 8 países latinoamericanos con el propósito de analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas ilícitas.

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