diciembre 14

Posted by: Editor Intercambios

Alrededor de 500 personas de más de 20 países participaron el 5 y 6 de diciembre de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que  se dio cita en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá y estuvo organizada por la Asociación Civil Intercambios, de Argentina, y Acción Técnica Social (ATS), de Colombia.

Más de cuarenta representantes de gobiernos, de organismos multilaterales, expertos y organizaciones no gubernamentales, cocaleros, cultivadores y usuarios de drogas de distintas partes del mundo se reunieron para abordar la temática desde diversos ejes y confluyeron en la relevancia de los cambios concretos en el marco de las políticas de drogas, priorizando las nuevas estrategias que surgen en la región que promueven un abordaje más humano en materia de drogas a través del trabajo desde la reducción de daños.

Coincidentemente con el debate promovido por  la Conferencia,  el primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se unió a su par guatemalteco Otto Pérez Molina y a ex presidentes, como a destacadas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura, para reiterar la advertencia sobre el fracaso de la estrategia conocida como “guerra contra las drogas”, que pone énfasis en la represión y la prohibición.

En este contexto tuvo lugar la IV Conferencia sobre Políticas de Drogas que estuvo patrocinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

En ese marco, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, al explicar los motivos de la realización de la IV Conferencia, afirmó: “Queremos promover un debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas y queremos hacer uso de ese derecho con la intención de transformar una realidad que nos incomoda y nos duele”.

Por su parte, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia destacó: “No estamos aquí para discutir el fracaso de la guerra contra las drogas que ya todos conocemos, sino para concentrarnos en cómo y de qué manera cambiamos este paradigma”.

En la primera jornada estuvo presente el alcalde mayor de la capital colombiana, Gustavo Petro, quien subrayó que “hay una correlación entre la violencia y un estilo de políticas de drogas. La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”.

Por su parte, Bo Mathiesen, titular de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia (UNODC / ONUDD) instó a “no criminalizar a las personas que consumen drogas”. También informó que, según estadísticas de su oficina, el 5% de la población del mundo consumió alguna droga ilícita una vez en su vida y el 0,6% de la población adulta mundial tiene un consumo problemático de drogas. “El gran desafío hoy es la prevención y el tratamiento”, aseveró.

A su turno, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Farid Samir Benavides Vanegas, estableció una vinculación entre las formas ilícitas y la violencia tanto en el caso de las drogas como de la minería ilegal. “Tenemos expectativas en superar los rezagos al desarrollo causados por el tráfico”, aseguró.

Desde el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Coletta Youngers explicó que esta coalición de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo comparten la mirada crítica sobre los efectos de la Convención de Estupefacientes aprobada por Naciones Unidas en 1961 que “no logró los resultados deseados y tuvo impactos no deseados”.

Desarrollo socioeconómico

¿Qué relación tienen el fenómeno de las drogas y los procesos de desarrollo en la región? ¿Qué políticas se han elaborado para abordar la problemática? ¿Cómo valoran los efectos los distintos actores involucrados? fueron algunas  de las preguntas con que el investigador del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), de los Países Bajos, Tom Blickman, comenzó el panel Drogas y desarrollo socio-económico.

En esa línea, Javier Gonzales Skaric (Bolivia), secretario técnico del Observatorio de Cultivos declarados Ilícitos (OCI), remarcó la importancia de “generar procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos e indígenas, como verdaderos interlocutores con sus gobiernos locales, nacionales y con organismos  internacionales”.

Por su parte, Guillermo García Miranda, Jefe del Programa de Desarrollo Alternativo en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC/ONUDD) en Colombia, sostuvo que “el mecanismo más eficaz, eficiente y sostenible de erradicación es el desarrollo”.

También, Rodrigo Velaides, ingeniero agrónomo, líder y referente campesino de la organización Chocauán de la zona Caquetá, Colombia, coincidió: “El desarrollo va a ocasionar crear condiciones para que el campesino pueda asumir sus gastos con otros ingresos”, concluyó.

Fabiola Piñacue Achicué, fundadora y representante legal de Coca Nasa e integrante del Consejo Andino de Productores de hoja de coca de Colombia llamó a la reflexión: “Hay que pensar que droga es un término nuevo para nosotros en la cultura andina. La hoja de coca es una planta sagrada, es un alimento. El problema es el uso que se la da a las plantas. A la hoja de coca la toman y la transforman en algo distinto. La hoja de coca tiene un fin. Cuando es transformada tiene otro fin”.

Drogas y Salud Pública

También fue eje de debate la salud en relación a las drogas. Moderado por Roberto Tykanori, coordinador del área de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud del Brasil, el panel abordó experiencias nacionales e internacionales. En ese sentido, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló que  “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para que el consumo sea lo menos perjudicial posible”.

Según explicó, lo que debe hacerse es “pasar de una postura basada en una política de ‘rehabilitación del adicto´ a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos para modificar la relación de los usuarios con las drogas”.

Por su parte, Hugo Cohen, asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacó el déficit en cuanto a la atención sanitaria: “No hay  una capacitación adecuada para los profesionales de la salud ante una problemática de consumo de drogas. Una persona accede al derecho sólo cuando tiene la posibilidad de elegir: si las únicas opciones son el hospital psiquiátrico o la calle, no puede ejercer su derecho. El desafío es generar nuevas ofertas en cuanto a dispositivos de atención para que las personas puedan elegir”.

También tuvieron su espacio de análisis el funcionamiento de las Salas de Consumo de Drogas que se implementaron en las últimas dos décadas en diversos países como Alemania, Australia, Canadá, España, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza.

Las salas “son aceptadas por sus grupos objetivo (las poblaciones vulnerables), comunidades y otros actores clave, ayudan a mejorar el nivel de salud de las personas que consumen drogas, reducen las conductas de alto riesgo y pueden disminuir el número de muertes causadas por sobredosis”, indicó Marie Nougier, responsable de Investigación y Publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC).

A su turno, Aldemar Parra Espitia, Coordinador del área de reducción del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, se refirió a la situación actual en su país: “si bien siempre se habla de Colombia como productor, se trata también de un país consumidor. Ser vistos como un país cuya única relación con las drogas es la producción ha generado un estigma que impide ver que aquí también se consume”.

Derechos humanos

Durante la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos, moderada por Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIhD) de México, fueron categóricos: Menos palabras y más acciones que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

“El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tengan derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó.

Abarca explicó que cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó.

También en esa mesa redonda estuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil. “Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró.

Por su parte, otro de los participantes, Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”.

Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió

Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España propuso recuperar el paradigma de la vulnerabilidad, el cual “nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”.

Políticas de Drogas en los escenarios locales

Durante la segunda jornada de la Conferencia, entre los primeros expositores estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, Secretario de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien aseguró que “debemos implementar políticas de drogas integrales que incluyan reducción de daños. Sin reducción de daños, ninguna política de drogas es integral”.

Según remarcó, “el Estado tiene como mandato ético la garantía de la dignidad humana, y la restitución a los ciudadanos de derechos vulnerados y vulnerables. No debemos ocultar los problemas, si no hacerlos visibles y actuar. Nuestro presidente ha entendido que hay que hacerse cargo del problema. La solución es la legalización. Hay que salir de las políticas que impulsa Estados Unidos, basadas en la represión, que nos ha costado muchas muertes”.

A su turno, Lumena Almeida Castro Furtado, Secretaria Adjunta de Salud y coordinadora de la Política de Atención en la Red Alcohol y Drogas del Municipio de Sao Bernardo do Campo, Brasil, destacó que “hay que reconocer el territorio en el que los servicios están insertos. Caminar las calles, conocer los liderazgos locales y establecer vínculos con las organizaciones sociales. Para nosotros es muy importante la asociación con los movimientos sociales. Todo eso nos ayuda a sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad”.

También participó de este panel Iván Fornís Espinosa, Técnico Superior en la gestión del Servicio de análisis de drogas de Energy Control, España quien dio cuenta del trabajo que lleva a cabo esa organización que consiste en brindar información para los consumidores de drogas recreativas y análisis de sustancias. “Tenemos stands en fiestas, raves, discotecas, recitales y otros lugares de divertimento donde los usuarios encuentran gente como ellos que los van a recibir amablemente y a darles información. Se les dice como hacer un consumo menos dañino. El equipo está compuesto por profesionales y voluntarios. Estos voluntarios están vinculados con estos espacios de fiesta, por esto es un trabajo de igual a igual”, detalló.

Liz Evans, Directora ejecutiva y fundadora de PHS Community Services Society – Insite, Vancouver, Canadá señaló que “Insite es el único lugar de inyección en América del Norte” y se mostró satisfecha porque, después de muchos obstáculos que debieron superar para ponerlo en marcha- “la gente de nuestra comunidad tiene un promedio de vida más alto que hace 10 años”. Luego de una primera etapa donde generó mucha resistencia en la mayoría de la población, “la gente cambió de parecer y empezó a verlo como un servicio comunitario. Finalmente, fue apoyado por los tres niveles de gobierno y por la policía local”.

La moderadora del panel, Inés Elvira Mejía Motta, asesora en políticas de drogas del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, destacó la importancia de atender a las características de los territorios en los que se desarrollan las intervenciones.

Marcos legales y regulatorios

También se debatió sobre los marcos legales y regulatorios al problema de las drogas, en la mesa redonda moderada por Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) del Perú.   Pedro Vieira Abramovay, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de Rio de Janeiro y director de Campaña de Avaaz, señaló que en 2006 en Brasil se modificó la ley para “quitar la pena de prisión para los tenedores de drogas ilícitas. Algo que fue bien recibido por la población. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Porque los detenidos por esa razón aumentaron”.

“¿Qué fue lo que sucedió?”, preguntó el panelista. “Es que la ley brasilera tiene una gran deficiencia, que no es clara en establecer la diferencia entre la definición del tipo penal de tenencia con el tipo penal de tráfico”, respondió.  Y aseguró que “muchas personas consumidoras van a la cárcel como traficantes. Hoy el 60 por ciento de las personas que quedan presas por tráfico no tienen antecedentes legales”.

Otro de los panelistas, John Walsh, el coordinador principal para el Programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de Estados Unidos, relató como recientemente “los ciudadanos de Washington y Colorado votaron por la regulación y legalización (de la marihuana), y contaron con el apoyo de ambos partidos. No fue un voto de los fanáticos de la marihuana”. En ese sentido, “lo que es claro es que en EEUU las actitudes están cambiando. Y el apoyo de los jóvenes es más amplio que en sectores de más edad”.

Por su parte,  Julieta Lemaitre Ripoll, profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Colombia, afirmó que si bien en la actualidad en su país no existe la penalización por la tenencia para consumo personal, “el criterio de la policía para la detención sigue siendo según la cara, o lo mandan al psiquiatra para determinar si es adicto o no”.

“Cuando encuentran a estos jóvenes en la calle, la policía los detiene y según la cara, les quita o no la droga y se los llevan a una detención transitoria. No se llevan a gente que ellos estiman que son de estratos altos”, aseguró.

Para Lemaitre Ripoll, “el correlato político y la práctica son distintos, mientras se tiene cierto tinte libertario en la política en la práctica todavía falta mucho por hacer”.

Por otra parte,  Oscar Gómez da Trindade, viceministro de Educación y Cultura y miembro permanente de la Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay, describió que en Uruguay trabajan “intensamente en la reducción de daños, en la educación, en la construcción de redes sociales y en la búsqueda del diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones de usuarios de drogas”.

El funcionario declaró que “lo que está pasando en Uruguay en materia de políticas de drogas tiene un altísimo componente de democracia porque entendemos que es una responsabilidad del Ejecutivo la regulación de la producción de cannabis”.

Violencia y seguridad

Un panel moderado por Coletta Youngers, asesora principal de WOLA, discutió la relación entre el fenómeno de las drogas, la violencia y la inseguridad.

Al respecto, Edgar Gutiérrez Girón, Embajador guatemalteco en Misión Especial para la reforma de la política de drogas, subrayó como el narcotráfico y las políticas ineficientes  son una amenaza para la viabilidad de la democracia y para el desarrollo de Guatemala porque son una “notable fuente de violencia y sacrificio de vidas humanas”. En ese sentido, indicó que se “se ha triplicado el número de asesinatos en Guatemala en la última década”. También resaltó que ese contexto “impide un clima de normalidad para reconstruir las instituciones del Estado de Derecho”.

Por su parte, el titular del Proyecto MC2  “Menos Crimen, Menos Castigo” iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, indicó que para entender la relación entre narcotráfico y violencia hay que tener en cuenta “el contexto nacional con sus variables socioeconómicas e institucionales, el contexto internacional, con sus  relaciones diplomáticas, espacio geopolítico y flujos de comercio internacional, la estructura de mercado,  qué se vende, cómo se vende, y las políticas de drogas, su foco e intensidad”. También recalcó que “las políticas de interdicción han ido arrojando el fenómeno hacia zonas vulnerables”. En esa línea también la periodista Socorro Ramirez indicó queno solo la política prohibicionista está causando más daños que la misma problemática, sino que ha habido un doble estándar en la aplicación de la política de drogas que ha hecho que los daños y esas consecuencias catastróficas  hayan caído sobre los sectores más vulnerables”.

También recalcó que “hay un desfase al que está asistiendo América Latina, donde  por un lado se empiezan a implementar políticas de reducción de daños, y ya comenzó el diálogo entre los gobiernos pero que no termina de tomar forma”.

Por su parte, otro de los panelistas, Juan Diego Restrepo, redactor de opinión en el sitio Semana.com, y editor del proyecto VerdadAbierta.com, de Colombia, en relación con la violencia urbana sostuvo que “las dinámicas de violencia del crimen organizado en centros urbanos han cambiado en los últimos años, se ha transformado en una guerra”. También aclaró que si bien “los homicidios se han reducido en un  gran porcentaje,  menos asesinatos no significa la superación de la violencia”, y afirmó que “hay que comenzar a pensar en la violencia urbana generada por el narcotráfico a partir de otras variables que nos den explicaciones de por qué hace 30 años hay tanta violencia”.

Inclusión Social

El concejal de Bogotá Carlos Roberto Sáenz Vargas moderó el panel  drogas e inclusión social en el que Tránsito Ruano, directora de PASSOS, Centro de Capacitación y Educación, de El Salvador resaltó: “humanizar la política de drogas es humanizar la vida de las personas que usan drogas, es incluirlas”. En esa línea, Cesare Cattini, Director de la Fundación Social y Formativa “Arca de Noé”, de Colombia, recalcó que “para nosotros la persona debe estar en el centro de cada intervención. Lo esencial es preguntarnos qué es lo mejor para los sujetos principales de nuestra intervención. No juzgarlos y promover la autonomía”.

Susana Fergusson, asesora en temas de organización de dispositivos comunitarios en el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, también señaló en la misma dirección: “Nuestras prácticas tienen que apuntar a reducir la inequidad y que haya sostenibilidad de los procesos”.

Por su parte, Javier Sagredo, coordinador del proyecto SAVIA-Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), denunció las “políticas actuales fundamentadas en intuición y percepciones, cruzadas por imaginarios sociales, basadas en el miedo a la sustancia, que la vincula  a la enfermedad, al delito y la violencia, incompletas y mal enfocadas, alejadas de una mirada  integral basada en el desarrollo de las personas y de las comunidades”.

Seminario y Premio

En el marco de la Conferencia también se efectuó el II Seminario para periodistas sobre Políticas de Drogas que convocó a 25 periodistas de once países de la región y que se efectuó el día previo a la Conferencia.

También en la primera jornada se hizo entrega de los tres mejores trabajos periodísticos en el marco del Premio Latinoamericano de  Periodismo sobre Drogas. El jurado del Premio estuvo conformado por Andrea Domínguez, de la alternativa Viva Río de Brasil, Carlos Eduardo Huertas, editor de la Revista Semana de Colombia y Guillermo Osorno, director de Gatopardo, de México.

El primer premio fue para Virginia Messi del diario Clarín de Argentina, el segundo para Humberto Padgett de León, de la Revista Emeequis de México y el tercer premio fue para Hudson Correa y Leonardo Souza, de la Revista Época Editora Globo de Brasil

Eventos satélites

Al mismo tiempo que se efectuaban los diversos paneles, también la conferencia fue lugar de encuentro  de otros actores. Uno de esos momentos fue la reunión de jóvenes activistas de América Latina que trabajan en la reforma de la política de drogas con el propósito de intercambiar experiencias en la materia. Lxs jóvenes latinoamericanos, reunidos en esta conferencia, queremos cambiar el paradigma actual de las políticas prohibicionistas de drogas que todavía existen en el mundo. Ya que somos lxs jóvenes los principales perjudicados viviendo violencias y exclusiones, entendemos que somos lxs principales agentes de las transformaciones sociales. De igual forma buscamos garantías de participación por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones regionales en esta transformación de las políticas públicas sobre drogas”, señalaron a través de un comunicado.

También fue el caso de quienes se congregaron para hablar de los cultivos declarados ilícitos. Representantes de organizaciones sociales de diversas regiones de Colombia, representantes de ONG internacionales, expertos e investigadores evidenciaron su preocupación  por “el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios, catalogados de manera criminalizante como “cocaleros””. En ese sentido, convocaron a la realización de un  Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas.

Por su parte, la  Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también se hizo presente subrayando que  espacios como la Conferencia, “necesitan cada vez más del protagonismo de los usuarios de drogas, identificados como tales, para que el principal problema de las drogas en la región – la marginalización y la desigualdad de derechos entre personas y pueblos – se pueda poner en foco”. En ese sentido, recalcó la idea fuerza bajo la que operan:nada sobre nosotros sin nosotros”.

También la Coalición Latinoamericana de Activistas Cannabicos participó recalcando: “Nuestras demandas básicas son el autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis. Apoyamos las medidas que separen a la cannabis de los mercados ilegales y recomendamos su regulación a través de mecanismos sin fines de lucro“, argumentaron.

CONCLUSIONES

En esta conferencia quedaron  claras  algunas  de las líneas de la política de drogas que se necesitan: “Una política que  proteja  y estimule el desarrollo  económico de los campesinos y agricultores en lugar  de  perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su  acceso a la propiedad de las tierras, promueva  su prosperidad económica y respete el uso tradicional de la hoja de  coca”, señaló Pablo Cymerman, coordinador del Comité Organizador de la IV Conferencia desde la Asociación Civil Intercambios.

En materia de atención al  consumo, planteó que los tratamientos “no pueden tener la abstinencia como punto de partida, y una política de drogas sin reducción de daños no es integral. Las experiencias ya existen. En esta conferencia se plantearon alternativas con la participación de las y los usuarios de  drogas en la definición  de políticas públicas, acciones de promoción social, participación comunitaria y salas de consumo regulado, entre otras”.

Por otra parte, se denunció la contradicción entre los  discursos que llaman al respeto de los derechos  de los usuarios y la realidad que viven las personas que usan drogas ilícitas: situaciones de discriminación, rechazo y violencia, prisión,  torturas o tratamientos compulsivos y violentos que en lugar  de promover la  salud  y la calidad de vida  incrementan su  sufrimiento. En este sentido, Cymerman subrayó: “En políticas de drogas ya no  alcanza con hablar de los derechos humanos, hace falta pasar a la acción. Esperemos haber pasado de la retórica del cambio de paradigma al tránsito hacia acciones concretas que construyan el nuevo paradigma que estamos reclamando. Ese es nuestro sueño, avancemos para hacerlo realidad”.

Ver más información en www.conferenciadrogas.com

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