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En un salón Auditorio de la Cámara de Diputados colmado, el pasado 4 de julio tuvo lugar el espacio de debate sobre drogas más importante de nuestro país, que desde hace 15 años organiza Intercambios Asociación Civil.

Académicos, funcionarios, decisores políticos, trabajadores del área, activistas y usuarios de drogas debatieron en los diversos paneles sobre las consecuencias de las actuales políticas de drogas. Hubo coincidencia en la preocupación por el aumento de la criminalización de las personas que usan drogas, la persecución de usuarios y cultivadores de cannabis y la violencia institucional contra los jóvenes.

Roberto Moro: “No luchamos contra las drogas”

El Secretario Nacional de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) Roberto Moro inició la ceremonia de apertura, señalando que “no luchamos en contra de la drogas” en referencia al cambio de nombre de la Secretaría y el paso de la cuestión del narcotráfico al área de Seguridad, y explicó que “cambiamos el eje teniendo en cuenta el sujeto y no a la sustancia”. “Es fundamental que existan políticas públicas basadas en evidencia y que trasciendan los tiempos políticos” agregó y explicó que “esta gestión va a invertir mucho en prevención y estamos invitando a las organizaciones sociales a que presenten proyectos preventivos que financiaremos desde la Secretaría”. “Queremos empoderar la comunidad y generar cambios en el lugar donde se trabaja”, concluyó.

Por su parte, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios AC recalcó que “este Congreso sigue teniendo una deuda con las miles de personas que continúan siendo criminalizadas por una acción privada, al no debatir una reforma de la ley de drogas que despenalice la tenencia y el cultivo para consumo personal”. Por otro lado, destacó la perspectiva de derechos y desestigmatización del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas. Sin embargo, lamentó que “el Plan no haga ninguna mención a la no criminalización, considerando que una de las principales causas que motivan los procesos de estigmatización social de los usuarios es su criminalización”. Finalmente, Touzé manifestó preocupación de “que se promuevan los Tribunales de Tratamiento de Drogas que hacen perdurar la amenaza de sanción penal o administrativa sobre los consumidores”.

A continuación Nora Luzi, coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayó que “el fenómeno del consumo de sustancias es complejo y hay que abordarlo desde las distintas aristas que presenta, pero con el eje puesto en las personas y garantizando sus derechos”. Luego destacó el impulso de la agenda 2030, que “es una agenda para todos los países independientemente del nivel de desarrollo” y resaltó la “necesidad de contar con datos: evidencia empírica para definir y ajustar políticas públicas”.

Por último hizo hincapié en que el tráfico de drogas “hay que pensarlo como una de las manifestaciones del crimen organizado, que impacta en la paz y seguridad internacional y genera severas violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo”.

Cultivadores de cannabis: “No vamos a dejar de denunciar todo lo que venimos sufriendo”

Facundo Rivadeneira, representante del Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) puso énfasis en la persecución a los usuarios y explicó los pormenores de las “articulaciones con el ministerio de seguridad, a quienes informaron detalles de allanamientos” En este sentido, mostró la preocupación por el robo a los cultivadores: “detrás de cada robo hay un allanamiento y una privación de la libertad de cultivo y amenazas” explicó. “No vamos a dejar de denunciar todo lo que venimos sufriendo. La Campaña de narcotráfico cero genera cada vez mas listas de compañeros allanados. Cada día son más los allanamientos”, indicó. Por último, denunció que “el Estado esta trabando el avance de personerías jurídicas de organizaciones que trabajan con este tema”.

Por último, Jorge Dorado, jefe de asesores del Diputado Nacional Alejandro Abraham, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados destacó que “cuando se habla de emergencia en adicciones, se habla de una situación social que se interpone entre las posibilidades que tiene el Estado y la realidad de los más vulnerables. Se trata de una población desprotegida y por eso quedó bajo las normas del narco. Estos chicos más que adictos se han vuelto consumistas. Delinquen, por tener una buena moto, por tener el mejor celular. Esto se convierte en un agregado al problema. Estos objetos introducen un plus de placer, se trata de objetos que llamamos fetiches. Esto es una realidad que tenemos que pensarla”, concluyó.

PANEL “INTERSECCIONES PARA PENSAR EL TEMA DROGAS EN DISTINTOS CAMPOS”

Cómo se expresa la complejidad del tema drogas en distintos campos problemáticos; cómo impacta el uso de drogas en el campo religioso, educativo, recreativo, en el campo de los derechos; cuáles son los sentidos, regulaciones e intereses de los actores en la dinámica de cada campo específico y cuáles son los desafíos para las políticas y las intervenciones en los distintos campos fueron los interrogantes que encendieron el debate de un panel tan atractivo como heterogéneo.

 “Problematizar las prácticas de usos de drogas con los jóvenes”

Jorgelina Di Iorio, integrante del Área de Intervención de Intercambios AC expuso sobre los consumos en contextos recreativos y cómo aumentar cuidados y disminuir riesgos. A partir de algunos conceptos de las experiencias del dispositivo de abordaje del uso problemático de drogas NoTeSientasZarpado que Intercambios lleva adelante junto a la Fundación Armstrong en González Catán, y del Proyecto de Atención en Fiestas PAF, un cachetazo al mal viaje, que Intercambios impulsa en fiestas electrónicas, Di Iorio propuso la “problematización de lo recreativo como un fenómeno multidimensional que no se puede reducir sólo a actividades de tiempo libre, sino como parte de actividades vitales que permiten pensar el desarrollo saludable de las personas”.

Por otro lado, remarcó tres operaciones de reduccionismo sobre los consumos; “la patologización de los consumos: ¿porqué los jóvenes coquetean con la muerte? Operación que reduce la dimensión de placer en el consumo; la pedagogización de los consumos: estrategias centradas en la información que agravan la idea de riesgo; y la guetificacion de los consumos: consumos protegidos y mirados y otros que son vigilados más que protegidos, por ejemplo el éxtasis vs el paco”. Por último, Di Iorio dejó planteados como desafíos “incidir en la modificación de políticas públicas prohibicionistas, pensar las tensiones entre este enfoque y las miradas vigentes e incluir a los usuarios y recuperar sus experiencias, pensando la participación social como estrategia de cuidado”.

A continuación, Emiliano Gareca, coordinador de Relaciones Institucionales del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia – ATAJO, del Ministerio Público Fiscal formuló “la problematización del sistema de justifica para pensar desafíos y conocer que hace el programa ATAJO”. “¿Qué pasa con aplicación de violencia estatal en los conflictos?” se preguntó. “Hay dos miradas, un paradigma del orden donde la sociedad debería funcionar con todo el mundo cumpliendo su rol en un orden que no debe ser transgredido y cualquier cambio debe ser penado. Y un segundo paradigma de gestión de la conflictividad, donde el conflicto es parte de la sociedad, hay matices, hay diferencias ideológicas. Esa diferencia hay que protegerla, incentivarla. Como un norte que debe seguir el sistema de justicia. El conflicto hay que gestionarlo y el recurso penal es el último recurso del Estado”. En este sentido, explicó que ATAJO “busca acercar el Estado a personas que no podrían acceder de otra forma”.

Por otro lado, Mariela Mosqueira, Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, especialista en Sociología de la religión, de las juventudes y en metodologías de la investigación social, presentó un desarrollo de la “espiritualización terapéutica de los consumos”, iniciando su exposición con la “experiencia del pastor Noveli, que tiene un corte de clase muy fuerte, experiencia que funda el grupo Andrés y la primera comunidad terapéutica en Argentina”. Luego explicó el devenir de “un segundo impulso con las comunidades pentecostales que crece en nuestro país con la recuperación democrática” y finalmente explicó un “tercer flujo con la instalación de comunidades terapéuticas de corte trasnacional, proceso que se dio entre los años 70, 80 y 90´s”. Por último, reveló el “proceso de institucionalización que hizo que en 2004 se formara la primera red evangélica “Programa vida”, articulación que funciona como un derivador, donde se evalúa y se deriva a dispositivos que están en los territorios”.

A su turno, Gustavo Galli, integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Cultura y Educación de SUTEBA presentó las intersecciones entre las políticas de drogas y el campo de la educación y destacó que “históricamente los problemas sociales iban quedando por fuera de la escuela” e invitó a “abandonar la idea del silencio pedagógico que hubo históricamente”. En este sentido, destacó que “la obligatoriedad de la escuela secundaria en 2006 viene a interpelar esa lógica, trayendo una perspectiva de la inclusión”.

Además señaló que “hoy se trata de reponer la meritocracia, en lugar de seguir discutiendo la escuela como derecho, y la lógica de la meritocracia profundiza la desigualdad”

Por otro lado, señaló el problema de “definir a la educación a partir de la necesidad de las empresas”. “La escuela es un lugar de conservación de sueños, no solo de auto-conservacion” subrayó.

La discutidora fue Paula Goltzman integrante del Área de Intervención de Intercambios AC quien destacó que “la vulnerabilidad tiene que ver con el lugar de las instituciones y con el lugar de las prácticas que aumentan o disminuyen esas vulnerabilidades”, y señaló la necesidad de “problematizar las prácticas de usos de drogas con los jóvenes. La tendencia es problematizar las prácticas de los jóvenes, el desafío es problematizar con ellos”.

Moderó el panel María Lila Castillo. Directora Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

PANEL “CANNABIS: DE LA PROHIBICIÓN A LA REGULACIÓN”

Es indudable que la percepción social sobre la prohibición del cannabis ha evolucionado mucho en los últimos años, y su demonización viene perdiendo vigor en la medida en que las nuevas generaciones presentan una mirada más amplia, y cada vez más Estados se animan a dar el paso de la regulación, como gran parte de los Estados Unidos y Uruguay. También el reconocimiento de sus propiedades terapéuticas para enfermedades tan complejas como la epilepsia, ha contribuido a fogonear un debate urgente: cómo pasar de la prohibición a la regulación.

Collazo, funcionario de Uruguay: “El cultivo domestico es una estrategia de regulación valida”

El Invitado de Uruguay Martín Collazo, investigador en el equipo Monitor Cannabis Uruguay, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, abrió el panel y declaró que “las políticas de drogas caminan hacia la regulación del acceso a las sustancias psicoactivas”. Destacó los efectos positivos de los conocimientos sobre el consumo de cannabis que permite la regulación del mercado. Y a partir de estudios pudieron constatar que “el cultivo domestico es una estrategia de regulación valida”. “Las políticas públicas prohibicionistas no proveen datos, indicadores, evaluaciones” criticó. Además informó que existen 4500 personas inscriptas para comprar cannabis en farmacia y que los “objetivos de la política son la seguridad, la salud y el reconocimiento de derechos”.

Por su parte, Marcelo Rubinstein, investigador superior del CONICET y Director Interino del  Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres” reflexionó que “cuando algo está prohibido genera un vacío de conocimiento llenado con mitos, slogans e interpretaciones antojadísimas”. Luego explicó algunos de los efectos directos de la prohibición: “Hay un gran déficit de enseñar sobre este tema”. “Los médicos no estudian los endocannabinoides, se enseña en la materia toxicología”. Luego destacó los avances en los estudios del sistema endocannabinoide en Israel y los avances en la regulación en Estados Unidos, Uruguay, Colombia o Canadá, países de los cuales “nos encontramos lejos respecto al estudio del cannabis y sus propiedades benéficas”.

A continuación Mariano Fusero, director del Área Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal hizo un recuento de la historia de la prohibición y explicó que “el racismo y la xenofobia conformaron la base de la prohibición y la guerra a las drogas como estrategia de control social. La evidencia científica contrasta con los argumentos que sostuvieron la prohibición” declaró. Luego criticó los discursos prohibicionistas a nivel local y la criminalización de los usuarios. Sobre la ley de cannabis medicinal sugirió que “esa conquista es reconocer un derecho humano” y que “se logró la ley posible”.

Ana Carolina Gaillard, Diputada Nacional y presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública explicó las particularidades del proceso que llevó a la aprobación de la ley de cannabis medicinal y describió que “el cannabis está hace 100 años prohibido y los procesos jurídicos toman tiempo. No fue la ley que queríamos pero fue la posible. La idea era darle un marco regulatorio al cannabis medicinal”. Además reconoció que “de inmediato nos dimos cuenta que había que circunscribir el debate a lo medicinal sino no iba a avanzar la ley”. En ese sentido destacó “el rol de las madres cultivadoras”. “La mejor manera de combatir la ignorancia es informando”, finalizó.

Ofició como discutidor el periodista de TV Pública Noticias y editor adjunto de la revista THC Emilio Ruchansky quien concluyó que “el cannabis es la puerta de entrada a discutir cosas” y que “la regulación de cannabis viene a traer un poco de justicia y de aire fresco a esta era de prohibicionismo”.

Moderó el panel Diana Rossi, Integrante del Área de Investigación de Intercambios AC.

PANEL “JÓVENES Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL”

Con el objetivo de analizar las transformaciones y continuidades históricas en el modo en que se mira y define a los jóvenes, en tanto objeto de las políticas públicas represivas, se desarrolló el último panel de la 15º Conferencia Nacional. ¿Qué efectos produce la violencia institucional hacia los jóvenes? Fue una de las preguntas que los panelistas trataron de visibilizar.

Nacho Levy: “la policía es el primer factor de riesgo en nuestros barrios”.

Maria Pía Pawlowicz, integrante del Área de Investigación y del Área de Intervención de Intercambios AC realizó una presentación de la campaña #AcompañeNoCastigue 2017 en el marco del Día de Acción Global de la campaña #SupportDontPunish, que por 5° año consecutivo fue la mayor demostración de fuerza global a favor de la reforma de las políticas de drogas. Explicó que “contra los usuarios de drogas se duplica la violencia. Las causas por tenencia para consumo personal aumentaron notablemente en los últimos años” y sobre todo la violencia institucional contra los jóvenes que consumen drogas, por ejemplo “que te echen de la escuela por usar drogas es violencia institucional”; “que te consideren sospechoso por ser joven es violencia institucional”; “que te aíslen de tu familia para un tratamiento de adicciones es violencia institucional”; “que no te den un turno en un hospital por usar drogas es violencia institucional”, graficó.

Continuó María Florencia Gentile, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante de la red “Argentina No Baja”, quien basó su exposición en las transformaciones y las continuidades históricas en la construcción social de la juventud como problemática y explicó que “las políticas estatales definen en cada momento histórico cuales son los problemas públicos“.”Durante el peronismo se interpela políticamente a los niños, se genera una relación Estado-niños, mientras que durante la dictadura militar se reenvían los niños al espacio privado y se instala una mirada represiva criminalizadora de los jóvenes en la vía pública”.

“Ahora aparece la seguridad como problema, que es una construcción y se quiere bajar la edad de imputabilidad”, remarcó. “El dilema seguridad/inseguridad no sirve a los fines de ese de bajar la edad de imputabilidad, ya que los jóvenes no son la causal del delito. No se trata de la incidencia estadística del problema”. “Con este tipo de intervención estatal desde lo penal se termina profesionalizando una práctica pero no significa que haya comenzado una carrera criminal, esa respuesta sí genera una carrera criminal porque está probada la tasa de reincidencia”, argumentó.

Por su parte, Manuel Tufró, coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS indicó que “la violencia cotidiana comienza a concentrarse sobre los jóvenes pobres”. “Hay una decisión política de tomarse el trabajo de detenerlos, llevarlos a algún lugar”. “El criterio principal de vulnerabilidad frente a la presencia policial sigue siendo ser joven pobre y sobre todo varones, se agrava si son consumidores de sustancias, y peor aun si tienen prácticas delictivas. Son los que están expuestos a prácticas más abusivas”, comentó. “Esos abusos se manifiestan en prácticas que no pueden ser registradas, eso incluye el componente de la invisibilización”. “Hay tolerancia diferenciada, hay prácticas que tienen muy poca tolerancia social y otras prácticas que son hasta demandadas por sectores de la sociedad”. “Hay políticas de seguridad que promueven prácticas que hacen que la violencia institucional se extienda, como aumentar la cantidad de policías que se lanzan a las calles sin que exista ningún mecanismo de control de cómo esa policía trabaja en la calle; el pedido de documentos de identidad por la policía a los pibes porque sí; el protocolo de requisas que hace que sea más sencillo requisar sin orden judicial y la política de la guerra contra las drogas que genera escenarios para propiciar la violencia institucional”, concluyó.

Ignacio Levy, editor de la revista La Garganta Poderosa explicó que “la policía es el primer factor de riesgo en nuestros barrios”. “Quien no conoce la villa y construye imaginarios desde la universidad, la militancia y de lo que dicen los medios, posiblemente tenga una mirada equivocada de la solución” expresó. “Hace falta voluntad política y lo único que no hay es voluntad política, necesitamos que se empiecen a discutir estas problemáticas con quienes las conocemos, con quienes las padecemos”. “Tenemos una lectura popular que dice que no hay narcotráfico sin fuerzas de seguridad”, finalizó.

La discutidora fue Débora Nakache, integrante del Área de Desarrollo Organizacional de Intercambios AC quien “cuestionó como surgen los jóvenes en el escenario delictivo o la asociación que hacen los medios de los menores con la violencia. Hay una supuesta idea del joven desviado en cada sociedad. Esta construcción de la mirada, de los imaginarios tiene que ver con la potencialidad que tiene transformar esa mirada”.

Moderó el panel el investigador Alejandro Corda, integrante del Área de Investigación de Intercambios AC.

CONCLUSIONES

Una vez más, desde Intercambios AC nos vemos reconfortados por la continuidad de un espacio de debate sobre políticas de drogas sostenido durante 15 años consecutivos y que se encarama, con mucho esfuerzo y dedicación, hacia la mayoría de edad. También nos reconforta la gran asistencia y participación del público y la calidad y diversidad de los panelistas, a quienes les expresamos nuestro mayor agradecimiento. Nos hubiera gustado poder también compartir este espacio con funcionarios del Ministerio de Seguridad, actor clave en la política actual. Lamentablemente por segundo año consecutivo no han podido acompañarnos.

Pero más allá del éxito de la Conferencia, el debate en sí, las diferentes exposiciones, las variadas experiencias y los puntos de vista planteados, dejan un sabor agridulce. Si bien el Congreso Nacional aprobó hace pocos meses la ley de cannabis medicinal, como señaló la presidenta de Intercambios AC Graciela Touzé en la apertura, “creemos que este Congreso sigue teniendo una deuda con las miles de personas que continúan siendo criminalizadas por una acción privada, al no debatir una reforma de la ley de drogas que despenalice la tenencia y el cultivo para consumo personal”.

Por otro lado, hubo una cuestión muy presente que tiene que ver con un recrudecimiento de la persecución y la represión por parte de las fuerzas policiales, que afecta principalmente a jóvenes de los sectores sociales más vulnerables, así como también a los cultivadores de cannabis, ya sea con fines medicinales y solidarios o para consumo personal. Es indudable que la línea que baja desde el Ministerio de Seguridad como una férrea lucha contra el narcotráfico se traduce en situaciones de aguda violencia institucional, como el aumento masivo de allanamientos y detenciones de cultivadores de cannabis, las intervenciones policiales exigiendo documentos y buscando amedrentar a los jóvenes que se reúnen en la vía pública, o el maltrato que están recibiendo diariamente tantos jóvenes en barrios de todo el país. La 15º Conferencia pasó, pero los ojos bien abiertos quedan, pendientes de lo que está sucediendo, y con las energías renovadas para promover el cambio de paradigma que abandone el enfoque de la criminalidad con el eje puesto en las sustancias, por uno de salud pública y derechos humanos que ponga el eje en las personas.

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