Sociedad Civil en la VIII Cumbre de las Américas

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marzo
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Intercambios AC representó a la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas para las Cumbres de las Américas en el Diálogo Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales. 

(21 de Marzo de 2018) En la ciudad de Lima, Perú, en el marco de la importante VIII Cumbre de las Américas, se realizó el Diálogo Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales, donde los representantes de los gobiernos de los distintos países, recibieron las consideraciones de la sociedad civil organizada. Pablo Cymerman, del equipo de Intercambios AC, fue uno de los oradores.

A continuación, compartimos un resumen de los aportes de la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas para las Cumbres de las Américas (CAPD):

Corrupción y Desarrollo Sostenible es un tema de gran preocupación para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre políticas de drogas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y desarrollo.

La corrupción, al incentivar la falta de transparencia e impedir la participación de diversos sectores de la sociedad en la planificación e implementación de políticas nacionales y regionales, afecta el desarrollo sostenible y el acceso de la población a sus derechos, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento. Esta problemática se refleja claramente en el modelo actual de las políticas de drogas, cuyo éxito es seriamente cuestionado y que establece una alianza espúrea entre Estado y narcotráfico. En este sentido, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas como una actividad ilegal, los Estados desempeñaron un papel en el surgimiento del narcotráfico, cuyo poder y alcance no puede entenderse sin cierta protección del Estado, que tiene como base la corrupción.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra la reducción sustancial de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Una consecuencia de la guerra contra las drogas ha sido el aumento de la violencia, alimentando los conflictos armados existentes. No obstante, la violencia relacionada con las drogas no es limitada a homicidios. Países donde el comercio de droga se ha reunido con una militarizada política de drogas a menudo han experimentado un aumento en otros crímenes, incluida la extorsión y el secuestro, que organizaciones delictivas usan como fuentes de ingresos.

Discurso de Pablo Cymerman

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados, y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, también forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En contraposición a estos propósitos, el modelo punitivo impulsado por la guerra contra las drogas no ha tenido como resultado la reducción del narcotráfico sino la multiplicación, concentración, especialización y diversificación del crimen organizado, alimentado por la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional de los Estados.

Por otro lado, las deficientes políticas adoptadas por los Estados en la materia han llevado a la vulneración de los derechos humanos de los eslabones más débiles de la cadena del tráfico ilícito de drogas. En esta dirección, personas que usan drogas, mujeres, jóvenes, pobres, minorías étnicas y raciales suelen estar sujetas a detenciones arbitrarias, a menudo por ofensas menores de drogas, mientras que las ineficaces leyes y la enorme corrupción aseguran que los grandes traficantes pocas veces terminen tras las rejas.

El goce efectivo del derecho a la salud, constituye un pilar fundamental para un desarrollo económico socialmente sustentable. Por esta razón, los Estados deben desarrollar sus políticas de drogas desde una perspectiva de reducción de daños que incluya la promoción de la salud.

Uno los grandes problemas que enfrenta nuestra región son las campañas de erradicación forzosa de cultivos declarados ilícitos que causa terribles daños a los agricultores y sus comunidades, aumenta la pobreza, promueve la violación de derechos humanos, la inestabilidad política y el conflicto social, y a menudo beneficia a los grupos ilegales armados.

Por todo lo antes dicho, resulta innegable que la política de drogas constituye también un problema de desarrollo que debe ser atendido con eficacia y transparencia por los Estados.

Desde la sociedad civil hacemos un llamado a los mandatarios de la región a revisar sus actúales políticas de drogas, pues los esfuerzos emprendidos en ejercer un control represivo sobre su producción y consumo, así como las políticas estatales basadas en la ilegalidad de las drogas, continúan afectado enormemente los empeños para lograr un desarrollo sostenible. Es tiempo que los Estados se comprometan a llevar a cabo un debate democrático y transparente sobre la materia, que permita desarrollar otras alternativas a esta problemática, incluida la regulación de los mercados.
La sociedad civil insta a poner fin a la guerra contra las drogas y reclama una política que promueva la paz y el respeto por los derechos humanos.

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