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En los últimos meses estuvo muy presente en la agenda mediática la cuestión de la “salud mental” a partir del incidente que sufrió el cantante Santiago “Chano” Charpentier en manos de las fuerzas de seguridad. Una situación que no es única, ni nueva (1).
Conversamos con Ana Valero (2), Eugenia Decca (3) y Jorgelina Di Iorio (4), tres profesionales de distintas disciplinas del campo de la salud mental sobre la situación actual de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), los principales obstáculos y desafíos a enfrentar.
Si tomamos el hecho de Chano como un analizador ¿Qué pone en evidencia en torno a la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM)?
AV- Las situaciones, de la que Chano es un ejemplo, no son únicas ni son nuevas. Y en ese sentido, partimos de un escenario en el que existe la confrontación entre dos paradigmas: una perspectiva que podemos llamar manicomial asilar y una perspectiva centrada en la protección de derechos de las personas con padecimientos mentales, que es la que instituye la ley 26.657 (LNSM).Esta supone un giro paradigmático pero también una transformación de orden sociocultural, porque impulsa una forma de atención y cuidado que implica protección de derechos en contraposición a su desmantelamiento. El paradigma manicomial asilar, que en parte continúa vigente, se basó en una idea que asociaba estrechamente peligrosidad con padecimiento psíquico o mental. Y esta era la base para justificar internaciones por tiempo indefinido. A diferencia de esto, la LNSM introduce el concepto de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, como señala el artículo 20, a partir del cual se refiere a una evaluación interdisciplinaria que permita valorar la complejidad de la problemática en el contexto en que se produce. El paradigma manicomial asilar se apoyaba también en un fuerte entrelazamiento entre el ámbito de salud con el ámbito judicial, siendo esto característico de todas las respuestas del campo de la salud mental. Estas prácticas continúan y se proyectan hasta el presente, incluso luego de la sanción y promulgación de la LNSM en 2010, en situaciones que implican el cercenamiento de derechos, desde los más básicos hasta situaciones de violencia institucional de gran gravedad (5). Entonces, la LNSM instituye una forma de atención que se basa en dispositivos diversos según las necesidades de las problemáticas de las personas, y establece que la atención debe realizarse con dispositivos distribuidos territorialmente, dentro del ámbito comunitario de pertenencia de las personas. Pero, que la ley suponga un giro paradigmático y una transformación sociocultural, eso no se produce de la noche a la mañana. Y en ese sentido, si bien implicó un cambio sustantivo, no basta con la sanción de una ley.
ED- Cuando se hizo pública la situación de Chano, me generó mucha bronca. Escuchar las cosas que se decían en los medios para legitimar el uso de las fuerzas en situaciones vinculadas con padecimientos subjetivos o con consumos problemáticos, o cuando se daban los dos asociados. Es necesario remarcar que, en esa misma semana, se dieron las muertes de dos mujeres trans en situaciones similares. Y no me parece menor que hayan quedado silenciadas, en esto del capitalismo y el patriarcado y sus lógicas funcionando en todos los escenarios de la vida cotidiana. Y por otro lado, también me hizo pensar en dos conceptos muy puntuales: el de salud mental, entendido en el marco de la LNSM, y el de seguridad, más pensado como la idea generalizada en la sociedad de velar por el orden público y prevenir el delito y, en caso de que haya un delito, castigar. Y la función de la policía con esa idea de seguridad y la formación de todas las fuerzas de seguridad nacionales en ese marco. Es necesario pensar cuáles son los ámbitos reales en los que termina participando la policía, sin la formación para entender qué es un padecimiento subjetivo, qué pasa con el uso de la fuerza en esos momentos, qué pasa con una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia en el momento determinado que la policía se le acerca. Son dos lógicas de respuestas muy diferentes para las que la policía no está formada. Pero la policía sigue apareciendo, desde la mirada de la sociedad en general, como una autoridad moral que puede decidir qué está bien y qué está mal. Ahí me parece que la idea de peligrosidad, que decía Ana y que viene de la psiquiatría positivista, se asocia a la idea de criminalidad de las personas que tienen consumos problemáticos de drogas. Aparece el uso desmedido de la fuerza como un posible castigo, como una forma de tranquilizar. Y otra cuestión que es importante traer es que hay un protocolo vigente desde el año 2013 para la policía federal y para todas las fuerzas de seguridad. Córdoba también tiene uno. Pero pareciera que no circula, que dentro de la formación que se le da a las fuerzas policiales sigue estando la prevención y la persecución del delito como el único objetivo posible, cuando en realidad actúan como en diferentes escenarios. También pienso en cómo se construyen y sostienen los discursos en torno a la locura y a los consumos problemáticos. Y qué rol tenemos quienes trabajamos con estas personas ¿De qué lado nos ponemos para trabajar con esas personas? Como para analizar también nuestras prácticas, no solamente las de la policía.
JDI- Siento que una de las cosas que pone en mayor evidencia en torno a la plena implementación de la ley, es la figura de la atomización o la disociación que hay en la praxis de la salud comunitaria. Porque hay algunos profesionales que sí hacemos una defensa de la ley, pero también hay muchos profesionales del campo de la salud mental, en la amplitud de la interdisciplina que plantea la LNSM, que han salido a plantear las fallas de la ley a partir del caso Chano. El campo está atomizado y es heterogéneo. Por un lado, muestra la disociación entre el propio campo de la salud mental y el uso de drogas. Por otro lado, entre la salud y el cuidado. Las fuerzas de seguridad a veces son necesarias en determinado tipo de situaciones, por ello hay un protocolo que marca el modo de actuar, distinguiendo. Pensar el lugar de las fuerzas de seguridad en la producción social de cuidados, no es lo mismo que pensar en la coerción de las fuerzas de seguridad para prevenir el delito, porque el campo de la salud mental y de los usos de drogas es un campo de los cuidados, no de los delitos. Esa disociación entre el campo de la atención y la vida social comunitaria, puede observarse en el universo de sentidos de la vida cotidiana. Porque no fue solamente el tratamiento de los medios de comunicación, sino también lo que circuló en términos de memes y chistes, que son saber popular y los modos que ciertas ideas se instalan, se reproducen y se ponen evidencia. Esto es la vigencia de una matriz patriarcal y colonial para pensar el mundo, pero además prohibicionista. Me parece que la LNSM, con estos dos modelos en disputa, en la especificidad del campo de drogas, es una ley que no es prohibicionista. Justamente, habla de adicciones en el artículo cuatro, no de todos los usos de drogas, por lo cual está reconociendo, implícitamente, que hay algunos consumos de drogas que no entran dentro del campo de la salud. Me parece que la reacción que generó el caso Chano, se pone más en evidencia porque hay una situación de consumo problemático. Se abre todo un campo vinculado a que la “ley no sirve para los consumos problemáticos”, para ellos aparecen las fuerzas de seguridad y esas prácticas que conviven de modo disociado, porque conviven dos paradigmas y dos leyes que también están disociadas: la LNSM y la 23.737 (de Estupefacientes). Dentro del propio campo de la salud mental, cuando hablamos de drogas, la respuesta es prohibicionista, la respuesta es el encierro. También es importante señalar todo lo que implicó pensar la LNSM desde los derechos humanos, es lo que ha garantizado que la ley se implemente. Esa relación, cuando se mete con las personas que usan drogas parece que no fueran parte. Con Eugenia hemos trabajado fuerte en el #AcompañeNoCastigue, porque son personas que tienen derechos, por más que usen drogas. Eso no las inhabilita.
ED- Pienso que quizás tiene que ver con una lectura biologicista. Lo que escucho es, “el loco es algo físico, no puede decidir si es loco o no lo es”, en cambio, la persona que usa drogas es culpa de él o de ella. La mirada es diferente y eso es lo que actúa como barrera de acceso a todos los demás derechos: “es culpable, elige hacerlo sabiendo que es un delito, por lo tanto ¿qué derechos tenés?”. Hay un texto que se llama “La lógica de la sospecha” (6), que es un estudio antropológico que tiene que ver con jóvenes en situación de pobreza con consumo de paco. Evidencia cómo la sospecha de no ser atendido, de ser discriminado, de ser denunciado, hace también que las personas que tienen consumos problemáticos no se acerquen a ningún dispositivo.
AV- Opera para el imaginario social como un sujeto diferencial. La cuestión de lo moral está atravesando constantemente la construcción de significados. Recordaba la película “La noche del señor Lazarescu”, que se plantea que el consumo problemático en torno al alcohol, de manera descontextualizada, en el cual hay una escena en que el médico de guardia palpa una cicatriz por una úlcera con la intención de hacer doler. Por esta cuestión de la responsabilidad y de esta atribución de una voluntad, con juicio moral acoplado.
Otra cuestión es que el incidente habilitó a que se generen una serie de críticas y desinformaciones sobre aspectos que son regulados explícitamente por la ley, cómo lo referido a las internaciones involuntarias y la evaluación de riesgos para sí o para terceros. ¿Qué lectura hacen de este tipo de ataques a la LNSM? ¿Y qué sectores observan como principales detractores?
JDI- No quisiera dejar de pensar en el impacto que tuvo la pandemia, porque muchos de estos ataques son la avanzada de una mirada antiderechos, de mayor impunidad, más prohibicionista, muy moral, que se hace evidente en el campo de la salud mental. Y no es muy diferente a lo que estamos viviendo como sociedad. Como cuando se hablaba de dictadura cívico-militar, no sé si hay detractores, lo que sé que hay es una matriz cívico-eclesiástica-económica que se enraiza en distintos actores. A veces son públicos, a veces organizaciones de la sociedad civil y otras veces son religiosas, sin decir con eso que todas son lo mismo, porque es heterogéneo ese campo. Pero hay una matriz antiderechos que pide mano dura en todos los ámbitos. Se hace evidente en el encierro en términos de salud mental, cuando se pide bajar la edad de imputabilidad para les niñes, y cuando está en contra de la interrupción legal del embarazo; como para hacer conexiones de matrices, porque sino también reproducimos otra de las fragmentaciones. Yo no creo que sea desinformación lo que pasa con la ley. No es que no se sabe. No se quiere saber, que es una operatoria del discurso. Obviamente, los medios de comunicación son los primeros, pero es también lo que pasa en la vida cotidiana: son las fakes news, es lo que ves en las redes, en Whatsapp, son los memes. Sin ingenuidad en la producción de esos contenidos, que usa la desinformación como una operatoria de avanzada conservadora y antiderechos, en un sentido muy amplio. No es que no existan internaciones, sino que se dan en un marco. Hay un lobby económico y conservador que está.
ED- Me parece que los mayores detractores son los que están parados en el paradigma de enfrente y que siguen sosteniendo la hegemonía médica como única posibilidad. Que no reconocen los derechos de usuaries y que siguen insistiendo con esta idea de pacientes. Pero esto también está atado a relaciones farmacéuticas y a las corporaciones de las comunidades terapéuticas. No pueden pensar en los abordajes territoriales, comunitarios, por lo tanto, tampoco en espacios de asistencia o terapéuticos que no tengan que ver con internaciones prolongadas. Quienes están enfrente son grupos de poder que están en la misma matriz que mencionaba Jorgelina.
AV- Es importante señalar que la LNSM instituye la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones que pudieran realizarse en el entorno familiar, comunitario y social, esto lo establece el artículo 14. Se la concibe como excepcional mientras que sean posibles otros abordajes ambulatorios. Establece una serie de criterios, parámetros y organismos encargados de supervisar, controlar y revisar las condiciones en las que se desarrolla la internación, fijando periodos claros de revisión y quiénes son los actores comprometidos. Eso es todo un armado que va en contra sentido de esta matriz que planteaba Jorgelina, en la que acuerdo plenamente. Por otro lado, destacaría el atravesamiento de intereses corporativos, desde un anclaje ético-político y también económico, de las industrias farmacéuticas, de las comunidades terapéuticas y de las clínicas. Porque hay una cierta complicidad con los procesos de formación profesional en los ámbitos académicos y los ámbitos privados, y los intereses de las clínicas. Ahí se da una articulación de espacios que abarcan lo público, lo privado y que se vincula también con el sostenimiento de las clínicas.
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