Presentación de Índice Global sobre Políticas de Drogas en Argentina

En noviembre se presentó a nivel mundial el Índice Global sobre Políticas de Drogas (GDPI, por sus siglas en inglés), una herramienta única que documenta, mide y compara las políticas nacionales en materia de drogas, atribuyendo a cada país un puntaje que muestra en qué medida las políticas y su aplicación se ajustan a los principios de derechos humanos, salud y desarrollo recomendados por la ONU.

Creado por el Consorcio para la Reducción de Daños, organizaciones de la sociedad civil y académicas, el Índice permitió evaluar y clasificar las políticas de drogas de 30 países.

Los resultados revelaron que Argentina quedó posicionada en el 19º lugar (de 30), con un desempeño especialmente malo en dos aspectos: el uso desproporcionado del sistema penal para abordar temas de drogas y la ausencia de políticas de reducción de daños.

Con el apoyo de la LANPUD - RADAUD, CELS Argentina, RESET e Intercambios Asociación Civil, se presentaron y analizaron los resultados del Índice en el caso argentino, a través de una transmisión en vivo. La presentación del GDPI puede visualizarse completa aquí.

En una primera parte, Luciana Pol, investigadora en Políticas de Seguridad del CELS Argentina, se encargó de detallar qué dimensiones integra y considera el Índice, diferenciándolo de otros tipos de indicadores cuyo foco se centran principalmente en las acciones del Estado.

“Los indicadores tradicionales no dicen nada en relación a la salud de las personas, a sus necesidades, a la equidad con las que las políticas se implementan, los impactos en los derechos de las personas.” En cambio, el nuevo Índice “mide políticas, mide programas, mide la forma de implementación de estas políticas y programas, pero también mide los impactos deseados o no deseados que las políticas tienen, con un enfoque muy grande en derechos”

A continuación, usuaries y activistas relataron sus experiencias en términos del impacto que tienen las políticas de drogas en nuestro país. Les invitades que brindaron su testimonio en la presentación fueron Verónica Russo, presidenta de RADAUD y representante nacional de LANPUD; Juan González, promotor de “Locos de Avellaneda” -el primer programa de agujas y jeringas de la Argentina impulsado por Intercambios AC- y activista de RADAUD; y Carolina Ahumada, coordinadora de PAF! Proyecto de Atención en Fiestas e integrante de YouthRise. En primer lugar, Verónica Russo remarcó cómo influye la ilegalidad en el mercado de sustancias de nuestro país y cómo ello significa un riesgo para les usuaries. “Nosotros vamos a seguir usando sustancias, pero el problema es que no podemos acceder a calidad. Desde RADAUD lo que pedimos es la despenalización para poder gozar del hecho de poder tener un control de las sustancias, conociéndose tantos métodos de análisis.”

Luego, Juan González compartió su experiencia como promotor en la zona sur del Gran Buenos Aires a finales de los noventas. “En esos años muchos se enteraron que tenían VIH y muchos murieron. He sido parte del paisaje, por eso fui reductor de daños. O sea que muchos de los que estaban ahí eran compañeros míos, de la misma forma que lo fue Verónica Russo. Hemos sido perseguidos, estigmatizados, señalados. En los hospitales nos daban pocas respuestas. No teníamos derecho a nada. Lo mismo pasaba con la justicia, éramos muy perseguidos (...) Me da la sensación de que si cambiara la política y fuera libre el consumo personal o que no tuviera condena, me parece que no nos perseguirían tanto.”

Por su parte, Carolina Ahumada relató cómo surgió PAF! y cuáles son sus objetivos desde la reducción de daños. “El proyecto de PAF! nace al calor de la demanda de los usuarios y asistentes a fiestas de música electrónica. Una demanda genuina de saber qué es lo que estás consumiendo, desde esa máxima, hasta también tener agua gratis o un puesto de hidratación disponible en la fiesta, para que no terminen deshidratados o comprando agua a un precio carísimo”.

Pablo Cymerman, coordinador del área de Incidencia Política de Intercambios AC y encargado de moderar el encuentro, observó que “ en todos estos años lo que ha cambiado es la manera en que se tienden a proponer cuidados, pero es verdad que lo que no ha cambiado es la ley (...) No contamos con una respuesta en la medida de los problemas que tenemos y la respuesta es, muchas veces, diferenciada.”

Por último, cerró la ronda de invitades afirmando que “todos estos testimonios, en principio, lo que hacen es demostrar cómo las personas que usan drogas quieren y saben maneras de cómo cuidarse. Y eso abre caminos y pide a gritos que los diferentes gobiernos puedan escuchar esa voz para poder adaptar las intervenciones a las necesidades de las personas que usan drogas”.

SOBRE LOS RESULTADOS DE ARGENTINA EN EL ÍNDICE

Argentina quedó posicionada en el 19º lugar con malos resultados en dos dimensiones. Compartimos algunas de las observaciones que se desprenden del análisis de cada una de ellas.

Proporcionalidad de las penas y uso del sistema penal

a) Violaciones a los DDHH. El Índice señala un porcentaje importante de violaciones a los derechos humanos relacionados a la represión de delitos de drogas. Esto se refiere principalmente a la prevalencia de hechos de tortura, en la existencia extendida de detenciones arbitrarias, y en fallas en el respeto al debido proceso en los delitos relacionados con las drogas.

b) Implementación discriminatoria. Pero además, el índice encuentra a Argentina como un país con clara inequidad en la aplicación de sus políticas. No son para todes iguales. En gran medida se encuentra el peso de las respuestas más punitivas hacia los sectores de bajos ingresos, y también sobre las mujeres y disidencias sexuales.

c) Encarcelamiento. El índice también califica negativamente el hecho de que la ley de estupefacientes en Argentina (ley 23.737) establece mínimos obligatorios que en muchos casos imponen penas de prisión obligatoria para delitos leves, incluida su aplicación para personas sin antecedentes penales. También se encuentra una alta prevalencia del uso de la prisión preventiva en este tipo de delitos.

Políticas de reducción de daños

a) Consideración de la reducción de daños. En la Argentina se reconoce la reducción de daños como una estrategia válida en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental y en la Ley Nacional de Abordaje de los Consumos Problemáticos. Asimismo, las personas usuarias de drogas son consideradas en los planes de acción sobre HIV y de Hepatitis C.

b) Financiamiento. Sin embargo, el Índice refleja que existe un absoluto desfinanciamiento de estos abordajes. También, que hay una casi nula disponibilidad efectiva de los servicios y una cobertura desigual de las intervenciones relacionadas.

c) Equidad en la provisión de servicios. El índice encuentra que hay una deficiente equidad en el acceso a los servicios, afectando tanto a las mujeres como a las disidencias sexuales.

Como conclusión, estos datos reflejan que en nuestro país no hubo ni hay voluntad política en establecer abordajes relacionados a la reducción de riesgos y daños, más allá que ello emane de una obligación legal establecida en las normas mencionadas. Por ejemplo, la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos aprobada por unanimidad del Congreso Nacional en 2014, aún espera ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional luego de siete años de vigencia, lo cual obstaculiza a la correcta y efectiva implementación de estos abordajes (cfr. su artículo 10 inc. D).

Los resultados del Índice Global de Políticas de Drogas de 2021, incluyendo su informe analítico y las historias reales de las experiencias individuales con las políticas sobre drogas de todo el mundo, están disponibles en una herramienta web interactiva y accesible a su consulta.


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